Days Vásquez entregó lujoso vehículo a Fiscalía, pero con multas e impuestos sin pagar: está a nombre de otra mujer

A menos de 24 horas de haber devuelto a la Fiscalía un Mercedes Benz blanco avaluado en 200 millones de pesos, Daysuris Vásquez —expareja de Nicolás Petro Burgos e investigada dentro del escándalo por enriquecimiento ilícito y lavado de activos— enfrenta nuevas críticas públicas y posibles consecuencias judiciales por presuntos incumplimientos en el manejo del vehículo que puso a disposición de las autoridades como parte de su principio de oportunidad.

(Lea: Daysuris Vásquez entregará bienes a la Fiscalía esta semana en medio de controversia legal)

Según pudo confirmar EL TIEMPO con fuentes judiciales, el lujoso automóvil, que Vásquez entregó en compañía de su abogado Alexánder Freita, registra dos comparendos y deudas por impuestos de 2024 y 2025 que no han sido canceladas. A ello se suma una omisión clave: el traspaso legal del vehículo nunca fue realizado, pese a que —según documentos en poder de este diario— una orden de la Fiscalía exigía dicho trámite para formalizar la devolución del bien como parte de su proceso judicial.

El carro figura aún a nombre de Blanca Gutiérrez Zuleta, una mujer que ahora denuncia haber sido afectada económicamente y asegura haber solicitado en repetidas ocasiones que se efectuara el traspaso para desligarse de responsabilidades tributarias y legales. Gutiérrez Zuleta hizo pública su denuncia a través de redes sociales, donde no solo cuestionó el incumplimiento de Vásquez, sino que además la acusó de engañar al sistema de justicia.

La situación reaviva las dudas sobre la manera en que Vásquez está cumpliendo los compromisos adquiridos con la Fiscalía General dentro del principio de oportunidad, un beneficio judicial que le fue concedido en febrero de 2024 por un juez de Barranquilla y que está sujeto al cumplimiento de condiciones específicas, incluyendo la entrega de bienes relacionados con los hechos investigados.

Precisamente, la devolución del vehículo fue una respuesta directa a una solicitud del abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro, quien pidió a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá verificar el cumplimiento de lo pactado por Vásquez para mantener vigente ese beneficio judicial. La entrega también incluyó un predio ubicado en el municipio de Tubará, Atlántico, cuyo origen de compra fue atribuido por la defensa a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

Según el abogado Freita, quien representa a Vásquez, "el Mercedes Benz fue adquirido por su clienta cuando este ya se encontraba registrado a nombre de un tercero —Blanca Gutiérrez Zuleta—, y que por ello no le correspondía directamente pagar los impuestos ni formalizar el traspaso". Sin embargo, esa explicación contradice lo que han sostenido fuentes de la Fiscalía, que recuerdan que Vásquez tenía pleno conocimiento de que debía regularizar la propiedad del vehículo antes de entregarlo al ente acusador.

De hecho, la Fiscalía ha exigido en repetidas ocasiones que los bienes ofrecidos como parte del principio de oportunidad estén libres de cargas jurídicas y tributarias, precisamente para evitar que estos se conviertan en nuevas fuentes de conflicto judicial. 

La aparición de comparendos pendientes y deudas fiscales no solo podría afectar la validez del procedimiento, sino que pondría en entredicho la colaboración misma de Vásquez, quien actualmente se perfila como una de las testigos clave en la investigación contra Nicolás Petro y otros posibles implicados. 

Esta nueva controversia se suma a una cadena de episodios que han marcado el proceso judicial de Vásquez, quien fue una de las primeras en denunciar presuntas irregularidades en la campaña presidencial de 2022 y quien ahora se enfrenta a los rigores del cumplimiento de su colaboración con la justicia. Mientras tanto, el vehículo en cuestión permanece en poder de la Fiscalía, pero con un nuevo dilema legal por resolver.

Fuentes cercanas al caso dijeron a EL TIEMPO que la Fiscalía evaluará las implicaciones jurídicas y no se descarta que se soliciten nuevos requerimientos a la defensa para clarificar el estado real del bien entregado.

Lo cierto es que el caso revela la complejidad de los compromisos judiciales asumidos por testigos colaboradores, especialmente cuando estos incluyen bienes de alto valor cuya procedencia y situación legal no siempre está clara. Y para Vásquez, que ha pasado de denunciante a pieza central de una investigación nacional, este nuevo episodio podría convertirse en una piedra más en el camino de su frágil estrategia de colaboración.