Asumir las culpas

La captura de los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, por su presunta participación en una red de sobornos para facilitar la aprobación de reformas claves del actual gobierno, ha sacudido al país.

Aunque se debe subrayar que ambos aún no han sido condenados y gozan del derecho constitucional a la presunción de inocencia, los hechos que motivaron su detención no pueden ser tratados como un asunto aislado o de exclusiva competencia judicial.

Lo que se conoce hasta ahora indica que los recursos presuntamente entregados a estos congresistas provienen de entidades oficiales del Ejecutivo y en el proceso estuvieron envueltos altos funcionarios, algunos de los cuales ya reconocieron su responsabilidad. Esto, por sí solo, ya compromete políticamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, como también obliga a los partidos Verde y Liberal a asumir la cuota que les corresponde. En este sentido, no es admisible que desde el Ejecutivo y su bancada política se pretenda observar este caso con la misma distancia que podría adoptar cualquier ciudadano. Si los pagos ilegales provinieron del erario, hay una línea de responsabilidad política ineludible, independientemente de los procesos penales en curso.

Lo que está en entredicho aquí no es únicamente el comportamiento personal de dos altos dignatarios, sino la transparencia y el marco ético del proceso legislativo que ha acompañado las reformas del actual gobierno. La corrupción no se limita a quienes reciben sobornos. También incluye a quienes los ofrecen, y en este hecho las miradas apuntan a funcionarios del actual gobierno. Este es un caso serio y en el que el país espera toda claridad. El Ejecutivo debe rechazar frontalmente y sin ambages lo ocurrido, asumiendo la responsabilidad que le atañe.

Lo mínimo que se esperaría en estas circunstancias es un mea culpa y un ejercicio interno para establecer responsabilidades políticas, administrativas y disciplinarias. Resulta incongruente que un gobierno que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción evada enfrentar uno de los mayores escándalos políticos y de corrupción de los últimos años. Debe tomar el toro por los cuernos.

Y este no es solo un asunto judicial. Es, sobre todo, un asunto ético e institucional que requiere una respuesta ejemplar. Eludir responsabilidades no solo debilita al Ejecutivo, sino que erosiona aún más la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones.

El mensaje que debe enviarse, tanto dentro como fuera del país, es que el Estado colombiano tiene la madurez institucional para afrontar con transparencia y rigor este tipo de crisis. El país no puede tolerar que votaciones o reformas se abran camino a punta de chequera, ni que los recursos públicos sirvan de instrumento para comprar voluntades en el Congreso. Aquí lo que está en juego es la integridad del sistema democrático.

Frente a este delicado panorama, lo que corresponde no es eludir, sino asumir. Porque la verdadera responsabilidad política se ejerce no solo cuando se celebran los triunfos, sino, sobre todo, cuando se enfrentan las consecuencias de los errores.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com